Sin embargo, desde la Unión Transitoria de Empresas (UTE) desmienten la versión del error humano, y aseguran que la grieta se debe a una falla geológica que escapa de las manos de los especialistas. 

"En relación a versiones periodísticas que informan que existió un error en las tareas de construcción de la represa Cóndor Cliff la UTE Represas Patagonia informa que: Producto de condiciones geológicas del terreno se  detectó la posibilidad  de deslizamientos por bajo ángulo de fricción de unas de las capas del terreno en zona de excavaciones para obras de canal de desvió y vertedero de Cóndor Cliff. Esa característica geológica obliga a realizar cambios en el proyecto. No existió error de construcción alguno", dice un comunicado de prensa que envió la UTE para desmentir la denuncia. 

Además, alegan que desde la UTE han presentado una propuesta técnica de modificación al proyecto que fue evaluada por expertos "y por el comitente que contempla, tras realizaron los estudios correspondientes, la reubicación de obras evitando la zona con posibilidades de deslizamiento y dentro del mismo polígono de obra. La propuesta está en etapa de definición para el normal desarrollo de las mismas", agregan. 

Sin embargo, según publicaron medios locales, si bien la secretaría de Energía no avaló oficialmente la decisión de que el Estado pague los US$ 250 millones por la grieta que apareció, sí lo hizo el gerente de Control de Proyectos Alberto Brusco, decisión que provocó su posterior renuncia por el escándalo generado.

Sobre el escandaloso monto, la UTE también habló en su comunicado: 

"Los cambios no plantean la necesidad de aumentar la financiación de los bancos chinos. El financiamiento estipulado es suficiente para la ejecución de la obra con las modificaciones. Es importante destacar que no existieron derrumbes ni grandes deslizamiento. La metodología de excavación aplicada permitió anticipar las posibilidades de deslizamiento dada la característica geológica descubierta", detallaron. 

De ser cierta la necesidad de los US$ 250 millones para reacomodar la obra, sería probable que el Estado asumiera la responsabilidad, debido a las supuestas presiones de Beijing, que actualmente es el único prestamista que financia obras de infraestructura relevantes en Argentina, donde actualmente los mercados están  completamente cerrados.