"No tengo odio hacia nadie", dijo el dirigente, aunque denunció que "sectores podridos" del Estado, la Fiscalía, la Policía y el Poder Judicial han actuado para criminalizar a la izquierda, al Partido de los Trabajadores y a su propia figura. La orden del juez se dio tras un dictamen del Supremo Tribunal Federal (STF) que puso fin a la obligación de encarcelar a condenados tras perder su primera apelación.

Se espera que el fallo libere a decenas de condenados de alto perfil en la investigación sobre corrupción bautizada "Lavado de autos" (caso "lava jato" en portugués), incluyendo a Lula, quien estuvo tras las rejas por una condena por soborno.

Lula fue encarcelado en 2018 tras haber sido declarado culpable de aceptar sobornos de empresas de ingeniería a cambio de contratos con el Gobierno. Siempre alegó inocencia y dijo que el caso en su contra tenía motivaciones políticas.

El exlíder sindical de 74 años gobernó Brasil de 2003 a 2010. Dejó el cargo con un alto índice de popularidad gracias a las políticas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza, pero sus críticos dicen que arruinó el país al permitir que la corrupción prosperara.

Si bien Lula ha tratado de revocar la sentencia, muchos instaron al STF a dejar sin efecto un fallo anterior que establece que los condenados, incluido el expresidente, deben pasar tiempo en prisión antes de agotar sus apelaciones.

El jueves, cinco de los seis miembros del tribunal superior votaron que el precedente era inconstitucional. Tras la decisión de STF, el abogado de Lula, Cristiano Zanin, solicitó rápidamente la liberación del exmandatario, que terminó por concretarse hoy.